El pasado 9 de febrero, cinco representantes del nuevo partido de izquierda abertzale, Sortu (“nacer” en euskera), presentaron sus estatutos en el Ministerio del Interior con la intención de confirmar su presencia legal en las próximas elecciones. Dos días antes, cuando se daba a conocer la creación y el nombre del nuevo grupo político, comenzó el debate de su dudosa legalidad, calificándolo como sucedáneo de Batasuna.
Se trata de una legalidad condicional marcada por un sello distintivo dentro del estigma impreso en la izquierda abertzale: la ruptura oficial con toda violencia, incluyendo la realizada por Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Una condición que, para sus representantes, debe ser suficiente como para que el Gobierno les permita presentarse a las próximas elecciones municipales y forales que se celebrarán en el mes de mayo.
Hay quienes confían en su propuesta como Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) o Convergencia i Unió (CiU). Como también hay voces contrarias a su legalidad. El Partido Popular (PP) y Unión Progreso y Democracia (UPyD) han rechazado su propuesta, aprovechando el doble rasero que la jurisdicción española utiliza para medir la legalidad democrática de unos partidos u otros.
Por su parte, el Gobierno quiere asegurarse antes de actuar. Empiezan a vislumbrarse las elecciones y un paso en falso puede ser su sentencia a favor del PP. Así, Rubalcaba admite que la confianza en Batasuna es mínima y que por ello los credenciales que presenten los representantes de Sortu deberán ser incuestionables.
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