La necesidad del acceso libre a la información

En agosto del año pasado cobró fuerza el rumor de la creación de un proyecto de ley que permitiría el libre acceso a la información por parte del ciudadano y que garantizaría la transparencia informativa.

Un mes después, en septiembre, se filtró el borrador del anteproyecto de Ley. Una filtración curiosa pues, precisamente, no es que sea la mejor manera de comunicar los primeros pasos de una Ley que aboga por la libertad informativa y el derecho a saber del ciudadano.

Entre los puntos más destacados del anteproyecto destacan las limitaciones al acceso informativo en ciertos aspectos en los que pueda perjudicar, por ejemplo, a la seguridad nacional. Además, se excluye del concepto de información pública aquellos documentos inacabados, en fase de elaboración o borradores.

No parece, según vemos lo puntos de su anteproyecto, que esta Ley vaya a suponer un punto de inflexión importante de cara al libre acceso del ciudadano a la información administrativa de interés. Una información que a menudo puede parecer que carece de interés informativo pero que, sin embargo, suele poner entre la espada y la pared a algunos sectores de la administración pública.

Un ejemplo de ello, a nivel nacional, es la situación que aún vive la Comunidad Valenciana con la trama Gürtel y el nublado informativo que campea por las oficinas de la Generalidad. Una información que bien podría y debería estar disponible para la consulta de cualquier ciudadano valenciano sin ningún tipo de traba que se oponga a su libre acceso, sin ni siquiera tener que pasar por el filtro periodístico.

Nace Sortu con el estigma de la ilegalidad

El pasado 9 de febrero, cinco representantes del nuevo partido de izquierda abertzale, Sortu (“nacer” en euskera), presentaron sus estatutos en el Ministerio del Interior con la intención de confirmar su presencia legal en las próximas elecciones. Dos días antes, cuando se daba a conocer la creación y el nombre del nuevo grupo político, comenzó el debate de su dudosa legalidad, calificándolo como sucedáneo de Batasuna.

Se trata de una legalidad condicional marcada por un sello distintivo dentro del estigma impreso en la izquierda abertzale: la ruptura oficial con toda violencia, incluyendo la realizada por Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Una condición que, para sus representantes, debe ser suficiente como para que el Gobierno les permita presentarse a las próximas elecciones municipales y forales que se celebrarán en el mes de mayo.

Hay quienes confían en su propuesta como Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) o Convergencia i Unió (CiU). Como también hay voces contrarias a su legalidad. El Partido Popular (PP) y Unión Progreso y Democracia (UPyD) han rechazado su propuesta, aprovechando el doble rasero que la jurisdicción española utiliza para medir la legalidad democrática de unos partidos u otros.

Por su parte, el Gobierno quiere asegurarse antes de actuar. Empiezan a vislumbrarse las elecciones y un paso en falso puede ser su sentencia a favor del PP. Así, Rubalcaba admite que la confianza en Batasuna es mínima y que por ello los credenciales que presenten los representantes de Sortu deberán ser incuestionables.

El vicepresidente habla con cautela, pero sabe que se ha dado un paso adelante que es difícil de ignorar.

Ya no vale cualquier cosa

Sobre Túnez, leyendo el pasado 18 de enero el artículo publicado en El País de un profesor universitario y filósofo de origen argelino, Sami Naïr, el futuro del país puede pasar por tres caminos, tres hipótesis distintas, que poseen ventajas y desventajas para una maratón cuya meta, de momento, no se conoce y parece estar más allá de los 42 kilómetros oficiales.

La primera de las hipótesis que aborda Naïr en su artículo es aquella en la que el nuevo poder del sustituto de Ben Alí (que gobernó el país durante 24 años), Mohamed Ghanuchi, consiga restablecer la normalidad y elaborar una nueva Constitución que asienta una auténtica república democrática. Sistema en el que deberá desembocar esta transición política. No obstante, este camino está bloqueado por las fuerzas de Ben Alí y el poder sucesor cercano a sus filas que podrían ver acabado su dominio gracias a un resultado desfavorable en las elecciones.

El segundo camino aboga por un acuerdo entre las fuerzas opositoras (oficiales e ilegales) y el poder actual. Según Naïr, esta hipótesis deriva en la permanencia en el poder del partido afín a Ben Alí en una transición de tiempo indefinido. Un final que se antoja poco probable viendo el nivel de disensión del pueblo tunecino con respecto al poder anterior y el nuevo establecido.

El As en la manga que guarda el poder actual lo han visto todos los jugadores: establecer un régimen islamista conservador. Con él se controlarían las revueltas reivindicativas populares y tranquilizaría a su población. Sin embargo, este camino también parece difícil de recorrer. Las revueltas se han extendido por Egipto, la lideran personas jóvenes que saben que no tienen nada, que un mundo mejor existe y que, por tanto, lucharán a capa y espada por conseguirlo.

Y es que el cariz contestatario que tiñe cada revuelta, el desencanto que refleja cada protesta encabezada por jóvenes, transmiten la sensación de que la población ha despertado del conformismo extendido por la opresión y que ya sólo desean y aspiran a una libertad absoluta y verdadera que sólo han visto desde la distancia pero que ya saben que existe.