El Foro de Organizaciones de Periodistas redactó un Estatuto regulador de la profesión con la intención de que el Gobierno actual cumpliera su promesa electoral y lo llevara al Parlamento. Un Estatuto que trata de reconocer los derechos y deberes fundamentales del periodista.
Consiste en un proceso necesario y dignificante para una profesión y una figura comunicativa que se están desangrando con profundas heridas provocadas por los intereses empresariales, que se anteponen al uso ético de la información y apuñalan a la imagen del periodista como garante del derecho constitucional del ciudadano a la información veraz y plural.
Decía esta semana Iñaki Gabilondo en la presentación de su libro –‘El fin de una época’- que la industria comunicativa vive sometida a la lógica empresarial y que “el periodismo debería desarrollarse de acuerdo con unos parámetros intocables, unos principios éticos”, para que “la profesión tenga un encaje global”.
Esas “barreras éticas” de las que habla Gabilondo, vienen recogidas en el Estatuto. Un elemento que se antoja necesario para evitar que la figura del periodista quede degradada a una profesión dominada, entre otras cosas, por la argucia comercial de la inmediatez como táctica básica con la que recoger un puñado más de audiencia.
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